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ONU recibe evidencias de la guerra económica en Venezuela
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ONU recibe evidencias de la guerra económica en Venezuela

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Representantes de organizaciones no gubernamentales y académicas venezolanas sostuvieron varios encuentros en Ginebra con funcionarios del Sistema Universal de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El director general de la Red Nacional de DDHH, Asdrúbal González, y la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russian; así como las académicas Pasqualina Curcio y Olga Álvarez, dialogaron con el vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor y con la representante del Relator Independiente del Derecho a la Salud, Lucía de la Sierra.

Las reuniones con los funcionarios de la ONU-Ginebra versaron sobre el tema de la garantía de los derechos económicos y sociales en Venezuela, y el desmontaje de la matriz de opinión sobre una supuesta “crisis humanitaria” que sectores injerencistas han querido fomentar sobre Venezuela.

La profesora Pasqualina Curcio entregó al funcionario Mikel Mancisidor información sobre la guerra económica que ha sido activada contra la población venezolana, la cual evidencia que el país ha estado sometido a fuertes agresiones y distorsiones en los canales de distribución y comercialización que dificultan el acceso de la población a bienes de primera necesidad, como rubros alimenticios difíciles de sustituir, y cuya producción y distribución es responsabilidad de grandes corporaciones nacionales y transnacionales.

En la audiencia se explicó que los niveles de escasez, e incluso de inflación registrados los últimos 4 años en Venezuela, no se corresponden con las variables económicas, con los niveles de producción, de importación y de asignación de divisas consignadas al sector privado.

También se consignó información que revela que la inflación ha estado siendo inducida en Venezuela, mediante la manipulación del tipo de cambio en el mercado ilegal.

EL DATO:

Es importante recordar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó en agosto pasado sus apreciaciones sobre la implementación de los Derechos Civiles y Políticos en España, Venezuela y otros países del mundo.

Las observaciones finales del Comité le dan a Venezuela una apreciación totalmente contraria a las matrices de opinión que promueven las grandes corporaciones mediáticas de la derecha internacional.

Sólo se refieren a los aspectos positivos de la implementación en Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por nuestro país en 1978. También resaltan las principales áreas de preocupación en la materia para los expertos y detallan recomendaciones de acción por parte del Comité al Estado examinado.

España, en cambio, salió reprobada hasta con 26 observaciones que incluyen violaciones de DDUU como: Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros

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