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15 y Último

Uno de los problemas que más agobia a los consumidores hoy día junto a la escasez de ciertos bienes y los altos precios de otros, es la dispersión de precios que se puede observar entre bienes similares. Por ejemplo. Un kilo de jamón en una panadería puede costar 20 mil bolívares. Pero dos cuadras más adelante o en otra zona de la ciudad la mitad.

Algo similar puede decirse de las medicinas. Como es de conocimiento público, hasta hace un par de semanas el Losartán (medicamento para el control de la hipertensión) costaba Bs. 196 la caja de 30 comprimidos de 50 mg. Hoy día es casi imposible conseguirlo en esa presentación, siendo que la que ahora se consigue importada ronda los 33 mil bolívares. En las cadenas de farmacia ya no venden la presentación de 196 bolívares. Lo puede encontrar en internet más caro, aunque no tanto como el importado. Y muy probablemente, si lo busca en una farmacia pequeña o en un revendedor también lo podrá comprar. En las farmacias públicas tal vez pueda hacerlo, pero en líneas generales parece no haber. De tal suerte, tenemos una medicina que por un lapso de tiempo se consigue a precios muy diferenciados, con un grado de dispersión muy grande, siendo perfectamente posible que alguien pueda comprar el de 196 bolívares, si bien la mayoría deberá resignarse a comprar el de Bs. 33 mil, siempre y cuando ‒claro está‒ le alcance la plata. A un par de tías mías, por ejemplo, no, y deben racionar la dosis espaciándola de una por día a una cada tres.

A este respecto, me gustaría insistir en el siguiente planteamiento: que ya no estamos en el escenario primario de guerra económica, donde los precios respondían a la manipulación del tipo de cambio y los precios de referencia de marcadores, sino en el de una puja distributiva que pasa por la voluntad de apropiación de mayores ingresos –o recuperación del ingreso previo perdido– por la vía de los precios. En este escenario de puja distributiva, suerte de fase superior de la guerra económica donde la especulación y prácticas afines se han metabolizado y naturalizado, el mercado es un campo de batalla de todos contra todos donde las armas son los precios.

Esto desde luego no quiere decir que los ataques especulativos no se sucedan o que la guerra económica ya no exista. Lo que significa es que la cosa ya es más compleja.

Keynes tiene una expresión que describe muy bien la atmósfera de este tipo de situaciones. Decía el británico que es en ellas cuando se desatan los espíritus animales, y nuestras acciones ya no son motivadas por juicios racionales con arreglo a beneficios, sino por un ímpetu cuasiinstintivo motivado por la incertidumbre. Esto es lo que explica el proceso de indexación automática, pero descontrolada, de precios que se observa, en la medida en que al aumentar uno todos los demás aumentan, ya no por razones contables, sino por meras expectativas. Y justo por esta razón el remarcaje ya no es más (si es que alguna vez lo fue del todo) un mero hecho especulativo dirigido a “ganar más”, sino también a “perder lo menos”. Esto no quiere decir que deba tolerarse, por el contrario. Sobre todo porque ese “perder menos” se hace a costilla de los asalariados con ingresos fijos. Lo que se quiere decir es que hay que estar conscientes de que es una práctica que se generaliza en medio de un “sálvese quien pueda” provocado por la inercia y prolongación de guerra económica. Por lo demás, como en todo “sálvese quien pueda”, los únicos que ganan son los más grandes y fuertes, en este caso los monopolios y oligopolios con mayor capacidad de aguante.

Al liberarse los espíritus animales, la incertidumbre generalizada termina causando un cuadro que recuerda al famoso dilema del prisionero de la teoría de juegos. Y es que al nadie confiar en nadie, cada quien opta por la opción egoísta que termina causando el peor resultado para todos los involucrados. Lo interesante de estas situaciones es que la opción más difícil de tomar –confiar en el otro y cooperar‒ es la que termina asegurando el mejor resultado. Pero para esto es necesario que alguien dé muestras de voluntad de hacerlo, es decir, que haga exactamente lo contrario a lo que el instinto de supervivencia le dicta a todos los demás. Y hasta nuevo aviso, el único ente social capacitado para ver por el colectivo y no por lo individual es el Estado.

La ventaja que podemos tener nosotros es que la autoridad, que en el dilema clásico del prisionero es la menos interesada en la cooperación de los involucrados, en el caso que nos ocupa manifiesta estar de parte de la mayoría asalariada y tener la voluntad de cooperar, incluso con los productores y comerciantes que así lo deseen. Justamente: en una situación de crisis, como la historia lo ha demostrado recurrentemente, incluyendo la nuestra reciente, es imperativa la existencia de un Estado fuerte interventor de parte de la mayoría social y decididamente dispuesto a luchar contra la especulación, no que la promueva. Que haga una suerte de corte de cuenta reestableciendo las reglas perdidas, imponga la transparencia, recupere la confianza entre las partes y promueva un equilibrio cooperativo, es decir, donde nadie gane a costilla de los demás, que es lo que ocurre con los “equilibrios” convencionales de mercado, donde los únicos que se benefician son los especuladores. Pero para esto, dicho Estado como un todo debe alinearse en una sola política, tributando cada una de sus instancias en una misma dirección y no que pase, por ejemplo, que mientras la SUNDDE intenta hacer que se respete (lo que queda de) el control de precios, empresas públicas de bienes de primera necesidad o insumos sensibles suban los suyos (el caso patético de Pequiven con los fertilizantes y resinas). Ningún desacato afecta tanto cualquier intento de estabilizar precios como cuando viene del propio sector público. Así como ninguna política estabilizadora tendrá resultados si no se sostiene en el tiempo.

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