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El infierno rodante: un negocio sobre ruedas

Que se sepa, el mal llamado transporte público ya era una tragedia por los años setenta, cuando aún existían las luchas obreras y había dirigentes sindicales de la talla de Simón Márquez o el Negro Prin, hermano de aquel famoso cantante de joropo mirandino el gran Pancho Prin.

En el sindicato del transporte, los obreros no sólo se enfrentaban a los mafiosos dueños como Pestana, sino que además debían combatir contra al hermano Lucas, un mafioso dirigente sindical adeco, quien en vez de defender a los trabajadores se aliaba con el patrón y no comía coba para, con sus bandas armadas, caerle a cabillazos al trabajador o trabajadores que se le atravesaban en sus raterías. Desde ese entonces y aun antes, cuando el poeta Aquiles Nazoa lo bautizó como “el infierno rodante” en uno de sus poemas, el mal llamado transporte público era una aberración.

El mal llamado transporte público ya existía como tragedia para los trabajadores, pero también para los estudiantes, porque ambos sectores luchaban, o mejor dicho, los obreros luchaban con su familia, porque hablando claro, no sólo pagaban sus pasajes para ir a la fábrica, sino que también tenían que pagarle los pasajes a sus hijos para que estos se graduaran y también fueran a trabajarle a la fábrica.

En nombre del mal llamado transporte público, un ladrón como Diego Arria se hizo de dineros públicos (más o menos 80 millones de bolívares en sobreprecio con la compra de 2 mil autobuses) cuando estafó a la nación con los famosos autobuses llamados Leilan, bautizados por los caraqueños en su jodedera “acordeones” por los pliegues que a la mitad tenían. En estos aparatos se mató gente, porque el piso era de cartón como los zapatos de Manacho.

Ese mal llamado transporte público se desarrolló en complejas mafias que se hacen llamar cooperativas, en donde unos pocos empresarios son dueños de muchas unidades que someten a esclavitud a los llamados avances y colectores, trayendo como consecuencia el maltrato a los pasajeros, a quienes se les atapuza a grito limpio “¡patrás!”, nalgas con nalgas, nariz con nariz, paloma contra cuca, cuca contra cuca, paloma contra paloma, en donde muchas veces se les escucha gritar a un hombre o mujer “¡dime qué nombre le pongo a este muchacho que me acabas de hacer y cómo te llamas, por si me pregunta quién es el papá!”.

Ese mal llamado transporte público debió desde siempre llamarse transporte privado, porque si a alguien inocentemente se le ocurre quejarse del mal trato diciendo este es un servicio público y nos deben tratar bien, de inmediato surge Mad Max y con un tubo en la mano grita “¡si no le gusta, se baja de mi mierda ya!”.

Los líderes del mal llamado transporte público nunca han manifestado ni hecho huelga contra las mafias de las ensambladoras -a quienes entre 2004 y 2012 se le otorgaron más de 15 mil millones de dólares, estamos hablando de 300 mil personas subvencionadas durante cinco años, construyendo comunas integrales experimentales que llenarían de comida a todo el territorio nacional, resolviendo de paso el desempleo permanentemente sin tener que pasar por este infierno rodante-, vendedores de repuestos, cauchos, autobuses, camionetas, quienes los roban descaradamente y los obligan a trabajar como capataces suyos en Venezuela. Porque, seamos claros, cuando se compra un carro, una camioneta, un repuesto, o lo que tenga que ver con el ramo del transporte, quien lo compró ya está pagando por adelantado la plusvalía que los dueños se llevan al extranjero, pero como lo que compramos es ilusión, siempre estamos pensando que con una camioneta nos haremos ricos y libres, pero a lo mucho que llegamos es a taxistas.

El mal llamado transporte público no deberíamos pagarlo los trabajadores ni los estudiantes, porque en definitiva su trabajo es llevarle la mercancía-mano de obra a la fábrica y regresarla vuelta mierda al rancho. Los que deben pagar ese servicio son los ladrones dueños de las fábricas y los ladrones comerciantes, que son quienes se benefician realmente del servicio. A los trabajadores nos explotan por partida doble, porque nos explotan como trabajadores del volante como avances, y nos explotan porque nos quitan parte del salario al transportarnos. Salario que, sumado por millones, se traslada a las fábricas matrices de carros, repuestos, cauchos, que son quienes en definitiva se benefician de la sobreexplotación que contra nosotros ejercen.

El mal llamado transporte público no es más que otra manera de jodernos la vida. En este momento los dueños del mal llamado transporte público se han confabulado con los otros dueños y comerciantes para aprovecharse de las condiciones de guerra, y ganarse un barato en una huelga solapada, que no es total porque han puesto a funcionar solo el 10% de la flota en todo el país, con el mismo cuento de nunca acabar que si los repuestos, que si los cauchos, a pesar de que el Gobierno les ha entregado ingentes recursos. Pero a ellos sólo les interesan sus miserables ganancias, no les importa lo que ocurra. Si por lo menos tuvieran una pisca de afecto por este territorio, se pararan en contra de los vendedores de repuestos, boicotearían sus huelgas y sus robos.

Los trabajadores venezolanos debemos tener claro que estamos en medio de una guerra impuesta por los dueños, que el único y verdadero amigo que tenemos es el Estado venezolano con todas sus dificultades, con todas sus trabas. Hace 18 años tomamos la decisión de cambiar. Hay personas que creen que cambiar es de un año para otro, cuando la historia de la especie ha demostrado hasta la saciedad que las taras de una cultura no desaparecen sino después de siglos de esfuerzos mancomunados del conjunto social.

Un negocio sobre ruedas

En toda guerra, la primera víctima son los precios bajos. En Venezuela desde hace 18 años superamos todas las barreras de la superinflación, ya no podrá ser una superheroína; en quinientos años y dele de inflación inducida por los dueños del planeta, nunca habíamos visto tamañas proporciones. La espiral de los precios en ascenso no pueden ser controlados por gobierno alguno, sino en la medida en que se detenga la guerra que los asesinos y saqueadores dueños de las transnacionales nos han declarado.

El transporte en sí es un problema de seguridad de Estado en un país como Venezuela

En todas las guerras se desatan las agallas de los grandes, medianos y pequeños comerciantes, ladrones compulsivos cuyo único método para medio controlarlos que han conseguido los que dirigen guerras, es el del fusilamiento, y sin embargo sólo medio contienen a los pequeños, porque los grandes en complicidad con los dueños que sufragan las guerras, amasan grandes fortunas. ¿De dónde habrá salido eso de que detrás de toda gran fortuna hay un gran robo y su respectivo crimen?

En el caso muy particular de Venezuela, el Gobierno ha decidido implementar la política de no permitir bajo ninguna circunstancia que suframos los grandes estragos que muchos pueblos han sufrido ante los embates de la guerra.

El problema del transporte que se plantea hoy en los mayores centros poblados del territorio, se ha visto agravado por las condiciones de la guerra impuesta por factores apátridas internos y sus amos externos. La carestía de los repuestos es causada por el interés especulador y acaparador de los vendedores y grandes ensambladoras de vehículos (todos bajo sospecha de sustracción de divisas en los últimos 15 años), que ha impactado en la oferta de vehículos que puedan trasladar a los millones de venezolanos que todos los días demandamos transporte desde nuestras casas hacia los centros de trabajo y viceversa.

La histórica anarquía de las rutas concedidas, el mafioso sindicato del volante y la innegable participación de este sector en el intento de golpe continuado, agravan mucho más la situación. En el marco de estas condiciones de guerra impuesta, se hace necesario tomar acciones extraordinarias tomando en cuenta la participación consciente y protagónica de nosotros como pueblo, puesto que las tradicionales (financiamiento, renovación de flotas, subsidios, proveedurías, entre otras) se han aplicado todas y sólo han servido para que se agrave el chantaje, en principio contra el Gobierno y por mampuesto contra nosotros, no han funcionado, aumentando desproporcionadamente las ganancias de los ladrones empresarios y comerciantes del ramo, porque el interés del empresario del transporte no es el del colectivo, sino básicamente el lucro que se obtiene por la prestación del servicio.

El transporte en sí es un problema de seguridad de Estado en un país como Venezuela, que se encuentra sometido a un asedio permanente desde 1998. Nuestro ordenamiento territorial obedece a un plan de los dueños, el cual establece que la gente debe vivir lo más lejos posible de donde trabaja y de donde se produce la comida. Las ciudades, hacinadas de personas, son imposibles de transitar a pie o bajo otro modo de transporte distinto al motorizado, bien sea de forma eléctrica, combustión interna o la combinación de ambos.

Los sistemas de transporte más exitosos en Venezuela son los que se encuentran en manos del Estado: Metro de Caracas, Trol Mérida, Transbarca, Metro Bus, Ferrocarril de los Valles del Tuy. Más allá de cualquier detalle mejorable que se pueda presentar, son administrados con la intención de servir al colectivo y no tienen como fin último la ganancia.

El Gobierno Bolivariano ha enfocado todo su esfuerzo en crear las políticas necesarias para que los venezolanos podamos acceder a condiciones más cómodas de vida. Una de estas es la creación de empleo, que ha llegado a estar a punto de cumplir con el 93% de ocupación de las personas económicamente activas. Esto ha llevado a que servicios como el transporte colapsen porque la demanda ha sobrepasado la oferta, y los mayores prestadores del servicio obedecen a una lógica mercantilista. Nunca se han dedicado a invertir sino a vivir de la renta que les produce el vehículo y el cuasi trabajo esclavo de choferes, avances y colectores.

Chatarras ambulantes se encargan de movilizar a millones de personas diariamente. Las condiciones en las que se encuentran las unidades de las diferentes líneas de transporte privado no son responsabilidad del Gobierno, pues este se ha preocupado por atender al sector transporte. Al mismo tiempo, en un gigantesco esfuerzo, el directorio revolucionario se ha enfocado en la creación de rutas urbanas e inter-urbanas conocidas como TRANS; las mismas fueron un éxito parcial, puesto que la visión integral del directorio revolucionario no ha sido asumida por funcionarios medios, quienes por desidia, incapacidad, falta de criterio (o todas las anteriores), no han podido sostener el funcionamiento exitoso de este plan. Y peor aún, no han comprendido el papel vital que juega el transporte en el marco de esta guerra.

Cabe destacar que el mito de que no es rentable que el Estado asuma el transporte es una falacia. Si esto fuera así, todos los días las mafias del sindicato del transporte y los dueños de flota no invertirían en tan lucrativo negocio. La recaudación por concepto de pasajes ya para 2014 representaba el doble de lo que percibía el Seniat por concepto de IVA.

La descaotización de las rutas existentes en las principales ciudades es una necesidad imperiosa, la protección y amparo legal en el marco laboral a los trabajadores del volante ya no se puede postergar más, en el marco de la guerra es necesario que el Estado obligue a las líneas privadas de transporte existentes a cumplir con trayectos planificados. Que obedezcan a la necesidad de los pasajeros y no al lucro de los dueños de unidades de transporte, y que paulatinamente se vayan sustituyendo rutas con sistemas TRANS regentados por entes públicos.

La planificación para generar el descontento entre la población es tal que, en el caso del estado Carabobo, se está imponiendo el transporte de pasajeros en camiones 350 y 750, los cuales “extrañamente” sí logran conseguir repuestos, baterías, cauchos, etc. Se podría incluso pensar que se pretende quitar de la psiquis de las personas su cualidad de gente, en un proceso de desensibilización controlada.

Asimismo, la multiplicidad de marcas de vehículos que prestan el servicio es una locura, hacen casi imposible tener un plan logístico mínimamente eficiente que garantice el mantenimiento de las unidades durante toda su vida útil. El plan con la empresa Yutong consideramos es el correcto: unificar el criterio de adquisición de flotas para el sector público es urgente, vigilando que no se produzca complicidad entre funcionarios escuálidos antipatria y los empresarios ladrones.

En el marco de la guerra impuesta por enemigos externos y cipayos internos, es necesario comprender la magnitud del problema que hoy representa el transporte de personas. Incluso es mucho más prioritario garantizar la movilidad que la comida y las medicinas, porque en este último caso la gente ha resuelto buscando opciones varias que hacen posible la resistencia. En el caso del transporte, las grandes distancias que deben recorrer las personas pueden cubrirse en un día, incluso, unas semanas, pero no será sostenible bajo el actual concepto capitalista de distribución de la población.

CIUDAD BQTO | EL CAYAPO

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