jueves , diciembre 14 2017
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Crímenes económicos

Una nueva categoría criminal está gestándose en el mundo entero. Una que se fundamenta en señalar que las reglas impuestas por la economía mundial, en esta fase de globalización, conllevan a graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos fundamentales, que afectan la seguridad humana y la paz interna y externa de los países. La ausencia de alimentos, de empleo digno, de agua potable, o de medicamentos son formas masivas y permanentes de violaciones de los derechos humanos.

Conscientes de que la organización de la vida de los seres humanos depende hoy en día, de las grandes empresas transnacionales, instituciones financieras internacionales, calificadoras de riesgo, en fin, de la corporatocracia mundial que extermina, ahoga, cerca, excluye y empobrece, a millones de seres humanos, con tal de aumentar exponencialmente sus ganancias, ante ello debemos actuar.

Por ello se hace imprescindible, proteger y profundizar en la nueva Constitución, la consideración de que, así como los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, son justiciables, y entraron en la misma categoría; debemos considerar la legitimidad de la tesis referida a la responsabilidad moral, ética y legal del papel de las transnacionales en la exclusión, y generación de pobreza en el mundo y en nuestro propio país.

Esta consideración que parece simple, los haría corresponsables de la “responsabilidad humana”, pues para nadie es un secreto que las decisiones referidas a las políticas públicas o la inversión social en un país, dependen en la mayoría de los casos, de las presiones o decisiones económicas y políticas realizadas -individual o como entidad colectiva- sobre los gobiernos por la corporatocracia mundial.

Como lo señala Amartya Sen “las hambrunas no se deben generalmente a una insuficiencia de la oferta alimentaria, sino a la inadecuación del reparto, de los derechos al acceso de esta producción según las reglas del mercado”.  Y allí es donde debemos rescatar la noción de soberanía de un Estado Nación, que debe quedar plasmada claramente -aún más- en nuestro proyecto constitucional en construcción:  garantizar una soberanía plena, un escudo protector, un contrapoder que impida existan los “sin techo”, los “sin identidad”, “sin trabajo”, sin abrigo”, “sin hogar”, en fin, los desposeídos y despreciados.

Es establecer una categoría constitucional, -crímenes económicos- que permita continuar la lucha permanente por la dignidad y la soberanía frente a una globalización asimétrica que refuerza las desigualdades y expone a los más vulnerables a riesgos que no pueden asumir.

 

MARÍA ALEJANDRA DÍAZ M.

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