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TSJ aprobó prórroga de Estado de Excepción y de Emergencia Económica por 60 días más

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó este miércoles la “Constitucionalidad” del Estado de Excepción y de Emergencia Económica decretado en enero de 2016, y aprobó que se prorrogue por 60 días más, con lo que este decreto cumplirá dos años de vigencia en enero de 2018.

En ponencia conjunta de todos sus Magistrados y Magistradas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 3.157 dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional.

La Sala Constitucional del máximo tribunal informó sobre esta decisión a través de un comunicado, luego de declararse competente para revisar la constitucionalidad del decreto N. 3.157 y “dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación”.

En la referida sentencia N° 959 del 22 de noviembre de 2017, apreció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que la declaratoria del Estado de Excepción, obedece a la ingente necesidad de que el Presidente Nicolás Maduro, pueda continuar con la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

La Sala Constitucional del TSJ también declara nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 3.157 del 10 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.267 de la misma fecha.

A la vez se reitera que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Además que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes (es una locución latina, que significa “respecto de todos” o “frente a todos”, utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato), inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional.

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